Declaración política del Encuentro Nacional de
Organizaciones por el Derecho Efectivo a la Salud
No más negocio con la salud. Exigimos el derecho integral
y pleno a la salud para construir paz.
Por. Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (Ansa)
Las y los 450 asistentes, delegados de 69 organizaciones
sociales, académicas y políticas e instituciones de 16 regiones del país al
Encuentro Nacional de Organizaciones por el Derecho Efectivo a la Salud,
realizado en Bogotá los días 31 de mayo y 1° de junio de 2013,-
presentamos a la sociedad colombiana, a la Corte
Constitucional, al Congreso de la República, a los gobiernos Nacional y
territoriales y a la mesa de conversaciones de paz de La Habana, las siguientes
conclusiones que constituyen la-
expresión de múltiples organizaciones sociales,
sindicales, gremiales, académicas y políticas comprometidas con el derecho
fundamental a la salud para todos y todas, como una vía hacia la paz duradera,
en una sociedad justa y democrática.
El sistema de salud vigente, creado por la Ley 100 de
1993 y ajustado por las leyes 1122/07 y 1438/11, no ha podido ni podrá
garantizar el derecho fundamental autónomo a la salud, reconocido por la Corte
Constitucional en su Sentencia T-760/08.
Por el contrario, ha dejado a su paso un sinnúmero de
víctimas y afectados colaterales por la violación sistemática de este derecho y
de otros derechos relacionados con los servicios de salud, en especial, los
laborales.
Pacientes y sufrientes, tanto de enfermedades huérfanas
como comunes, sometidos a toda suerte de barreras de acceso y a condiciones de
pésima calidad de atención como resultado de la búsqueda de ganancia de los
intermediarios del sistema, tanto EPS como prestadores de servicios sin
escrúpulos;-
personas en situación de discapacidad sistemáticamente
excluidas; trabajadores del sector salud sometidos a la intermediación laboral
y a la incertidumbre cotidiana debido a la obsesiva disminución de costos para
aumentar las ganancias de los accionistas de las empresas sin pensar en las
personas;-
hospitales públicos obligados a sobrevivir sin ingresos,
mientras los intermediarios aplazan indefinidamente los pagos a su acomodo;
profesionales de la salud sometidos a decidir en función de controlar los
gastos de los intermediarios e instituciones prestadoras de las que dependen
más que en las necesidades de sus pacientes;-
estudiantes y profesores universitarios sin escenarios
para el aprendizaje y para la investigación en salud, en el marco de los
negocios cruzados de la salud y la educación; prisioneros políticos y de todo
tipo sometidos a la inhumana desatención en salud;-
pensionados que deben cotizar más alto que ninguna otra
población para recibir mala atención; comunidades pobres urbanas y rurales
siempre tratadas como personas de segunda clase porque deben demostrar ser
pobres para recibir limosnas llamadas subsidios;-
comunidades enteras sometidas a pésimas condiciones
ambientales descuidadas por una visión recortada de la salud pública en el
actual sistema.
Todos y todas somos víctimas del predominio del negocio
sobre la necesidad de las personas y las comunidades en salud.
Este negocio de la enfermedad fue instaurado en el marco
de una visión neoliberal de la sociedad, del papel del Estado y del desarrollo
económico adoptada desde la década del noventa en nuestro país, según la cual
el motor de las sociedades es la iniciativa privada y las ganancias que de ella
se derivan, de manera que el Estado sólo debe impulsar la acumulación de
capital y subsidiar a los pobres.
Expresamos con total convicción que el ánimo de lucro no
es el motor de la sociedad ni la única vía hacia la eficiencia.
Por el contrario, las sociedades democráticas se protegen
de los abusos del poder y del lucro con reglas claras surgidas de grandes
acuerdos políticos construidos con toda legitimidad.
Y tales acuerdos se traducen en derechos humanos,
justicia social y garantías estatales, con públicos activos y reconocidos en su
diversidad.
Luego de más de cinco décadas de conflicto social y
armado, Colombia parece orientarse hacia una solución política.
El acceso a la tierra, al agua potable, a los servicios
de salud y educación integrales, a un ambiente sano, la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional, el manejo soberano de los recursos del subsuelo,
además de los factores políticos, cuentan entre las causas del conflicto, y
esos son verdaderos determinantes de la salud de un pueblo.
En este contexto, entendemos que sin salud no hay paz y
sin paz no hay salud. Construir paz significa discutir el estado de cosas en
materia de desarrollo económico y de la garantía de derechos políticos,
sociales, económicos, culturales,-
ambientales interdependientes, comenzando por la
conformación de un nuevo sistema de salud, en un nuevo marco de derechos, de
manera que se desmedicalice la salud y se desmilitarice la paz.
La crisis del sistema, que ya nadie niega, no es de
regulación. Es de estructura. La decisión tomada en la Ley 100 de entregar los
recursos públicos en manos de intermediarios en competencia, con el supuesto de
que el pago de un valor por persona a cambio de un plan de beneficios lograría
la máxima eficiencia con los mejores resultados, mostró sus límites.
Cada vez es más claro que los intermediarios se han
quedado con la mayor parte de los recursos que todos y todas aportamos y esto
no es aceptable. Entre tanto, se reproducen las inequidades de clase social, de
género, etnia y generación.
Antes de cualquier reforma, es imperativo recuperar los
recursos indebidamente apropiados por los intermediarios por parte de los
organismos de control y devolverlos al sistema.
Por lo anterior, exigimos que todas las instancias del
Estado, en especial, los honorables parlamentarios, escuchen y asuman con todo
rigor y profundidad las propuestas presentadas por la ANSA, con el apoyo de
diversas fuerzas políticas, tanto de ley estatutaria (PL N° 105/12 Senado) como
de ley ordinaria (PL N° 233/13 Senado).
Estas iniciativas apuntan a hacer respetar el bloque de
constitucionalidad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en
los que se inscribe el derecho fundamental y universal a la salud.
No se trata sólo de ser atendido cuando se está enfermo.
El derecho a la salud incluye las condiciones y los medios para disfrutar una
vida saludable, ejercer autonomía y participar efectivamente en las decisiones
que afectan la salud.
El componente del derecho a la salud que se refiere a la
atención integral según la necesidad, debe ser garantizado por el Estado a
través de un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, atado
a la condición de ciudadano o ciudadana, o habitante del territorio nacional y
no a la demostración de capacidad de pago.
Debe ser financiado con cotizaciones obligatorias e
impuestos y administrado de manera pública, sin lucro alguno, en unidades
territoriales de salud que respeten la descentralización y cuenten con amplia
participación y veeduría social y ciudadana.
Sólo desde esta visión territorial y pública, es posible
construir las condiciones de vida saludables, de manera intersectorial y
participativa; integrar la atención individual general, los riesgos laborales y
la salud pública;-
superar la odiosa división por regímenes para lograr el
acceso universal con enfoque diferencial de género, etnia y generación, sin
planes de beneficios; desarrollar la estrategia de atención primaria en salud
con toda su potencialidad y con un fuerte vínculo entre trabajadores de la
salud y los pacientes, familias y comunidades;-
integrar redes de servicios con estabilidad laboral y
recuperación de la formación adecuada; generar ciencia y tecnología soberana en
salud y controlar el negocio global de medicamentos. Todo esto se ha propuesto
en nuestro proyecto de ley N° 233 de 2013 Senado.
Por lo anterior, no aceptamos las reformas
gubernamentales porque no hacen más que mantener el modelo de intermediación
creado por la Ley 100 de 1993. Los gestores de servicios de salud (GSS) que
propone el gobierno no son más que un cambio de nombre de las EPS para mantener
de otro modo el mismo negocio de la salud.
No aceptamos intermediarios financieros ni laborales; no
aceptamos planes de beneficios o exclusiones que no harán más que separar la
atención de las necesidades de las personas; no aceptamos la afectación del
derecho fundamental de la acción de tutela, por medio del derecho limitado a un
plan de beneficios en una ley estatutaria.
La causa de la crisis no es el abuso de unos pocos sino
la estructura del sistema que impulsa a todos hacia la búsqueda de su propio
beneficio y rechaza la verdadera solidaridad que surge del reconocimiento de la
interdependencia humana.
Seguiremos con todo cuidado el proceso legislativo que
cursa en el Congreso de la República. Estaremos atentos a la labor de control
previo de la Corte Constitucional para el resultado de la ley estatutaria.
Seguiremos acompañando la discusión de la ley ordinaria en
las comisiones séptimas, para hacer valer el sistema de salud que queremos.
Denunciaremos ante la opinión pública nacional e internacional a todo aquel que
apoye la extracción de rentas del manejo de los recursos públicos para la
salud.
Buscaremos la judicialización nacional e internacional de
los victimarios del sistema de salud actual.
Alimentaremos el debate público y ampliaremos la ANSA
como un espacio abierto para la unidad de múltiples expresiones sociales,
políticas, étnicas y religiosas a que compartan este sueño, en los ámbitos
local, regional, nacional e internacional.
Construiremos un proceso de preparación de acuerdos
sociales y políticos a través de un próximo evento nacional amplio y
participativo, que contribuya a proyectar la paz en una sociedad justa y
democrática, en el marco del escenario posible de una Asamblea Nacional
Constituyente, en la cual se construyan pactos legítimos para una paz duradera.
Construyamos juntos un nuevo sistema de salud
No más intermediación financiera y laboral en salud
No más planes de beneficios que limitan el derecho a la
salud
No más amenazas a la Acción de Tutela en salud
Sin paz no hay salud y sin salud no hay paz.
Bogotá, junio 1° de 2013
