Iván Cepeda insta al Gobierno a respetar
la decisión del constituyente primario
Por Camilo Raigozo. Notimundo
A pesar de que en la consulta popular realizada por los
piedrunos el pasado domingo arrojara como resultado, que más del 99 por ciento de
los habitantes rechazó la explotación minera en el territorio, el gobierno en
cabeza del presiente Santos está estudiando fórmulas y leguleyadas para
escamotearle a los pobladores esa decisión.
María Constanza García, presidenta de la Agencia Nacional
de Minería, dijo que "una sentencia de la Corte Constitucional
define de forma expresa que la decisión de establecer zonas excluidas de la
minería les compete exclusivamente a las autoridades ambientales y minera",
excluyendo de ese derecho a la población o constituyente primario. A eso lo llaman democrácia.
El alcalde de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón, está en la mira de la Procuraduría, ya que la
coordinadora del grupo asesor en Minas, Hidrocrburos y regalías, Piedad
Angarita Guerrero, le advirtió cinco días antes de la consulta, que estaría extralimitándose en sus funciones, si expide un acto administrativo
de exclusión de explotaciones mineras en el municipio.
Por su parte Juan Gabriel Uribe y Federico Rengifo,
ministros de Medio Ambiente y Minas y Energía, respectivamente, coincidieron en
que “los recursos del subsuelo son de la Nación y su futuro debe ser definido
por el Gobierno”.
Rengifo fue más allá al señalar ante los medios que “si
bien es legítimo que las comunidades expresen su punto de vista, a través de
consultas, es claro que el Estado es el dueño del subsuelo y la instancia
para discutir técnicamente, con argumentos, será cuando se inicie el trámite de
licencia ambiental”.
Ante las intenciones perversas del régimen de desconocer la decisión de las comunidades, el congresista Iván Cepeda dijo en diálogo con
Notimundo que “Me parece que es una actitud que responde al modelo de país que
desarrolla este gobierno a través de sus políticas.
“Una total disposición y diligencia cuando se trata de
los intereses y caprichos de las transnacionales, de los empresarios que
esquilman las tierras de la nación, de los sectores más poderosos y plutocráticos
de este país y una total reticencia, actitud negligente e incluso hostil,
cuando se trata de los intereses populares, de los procesos legítimos que
desarrollan los campesinos, los pobladores que están directamente afectados,
como en este caso, por la gran minería y su efecto destructivo de las
tierras y del tejido social”.
Cepeda resaltó que lo que hizo la población de
Piedras no solamente está inscrito dentro de la legalidad, sino que “es un acto
supremamente digno, al recurrir a un mecanismo constitucional para expresar su
rechazo ante lo que ha llamado el gobierno de una manera bastante alegre y
simplista la locomotora minera”.
El congresista también explicó a Notimundo que de la
consulta de los piedrunos se desprenden
varios asuntos. En primer lugar se crea un
mandato de origen popular a los funcionarios de orden local y nacional, porque
es la ciudadanía la que a través de una consulta democrática ha tomado una
decisión.
“Esa decisión puede ser para algunos no obligatoria. Pero
sin lugar a dudas constituye una manifestación clara del constituyente
primario. Por lo tanto todas las autoridades administrativas, que desde la
región, hasta el Gobierno Nacional deberían acatar”, manifestó Cepeda.
En segundo lugar –dijo- es un ejemplo a seguir por otras
poblaciones que están en la misma situación que el municipio de Piedras y debería convertirse en un mecanismo que permita por las vías legales, expresar
el rechazo que genera para la mayoría los colombianos la minería a gran escala.
Respecto a la actuación de la Procuraduría contra del
alcalde Ávila, Cepeda advirtió que “Sería ya el colmo, que además de no acatar la
decisión popular busque intentar generar sanciones o amonestaciones a las
autoridades que promuevan estos procesos legítimos.
“Eso sería una actitud arbitraria, dictatorial y
autoritaria, contra los mandatarios que cumplen de manera digna, seria y
rigurosa su papel de servidores públicos.
“Sí las sanciones de la Procuraduría prosperan quedaría
confirmado que en este país quien lucha por los derechos, por la justicia y por
la equidad social, se expone a la persecución”, dijo Iván Cepeda finalmente. Foto Notimundo.
