Intervención de la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos en
el acto del lanzamiento de la gran Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular
v Antes de
referirme a los temas agropecuarios,
quiero reafirmar mi solidaridad con las luchas de los campesinos y manifestar
mi más enfático rechazo a la represión y el tratamiento brutal de que fueron
objeto por parte del Esnad, con el trágico resultado de varios muertos y numerosos
heridos y detenidos.
Ø Los asesinatos
de campesinos y otras personas ocurridos
en el Catatumbo, Fusagasugá, Pasca, Bogotá, el Tolima y otros lugares del país
no deben quedar impunes, por lo que demandamos de las autoridades
correspondientes el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de los
responsables.
Ø Así mismo,
acompañamos la petición de diversos sectores de ponerle fin al salvajismo del
Esnad, que se ha ganado tal repudio entre la opinión pública que su sola
presencia constituye una provocación a los manifestantes.
v En lo que tiene
que ver con la propuesta del Presidente Santos, consideramos que lo primero que
debe hacerse es esclarecer qué se entiende por Pacto Nacional Agropecuario, en
qué consistiría, cuáles serían sus objetivos concretos y los medios para
llevarlo a cabo en caso de que se logre construirlo.
Ø De entrada,
vemos serios inconvenientes en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, que
contempla la ejecución de grandes proyectos agroindustriales y minero-
energéticos, que lo que pretenden es incorporar las tierras y la mano de obra
de los pequeños productores a esos proyectos, de manera que la alternativa para
el campesinado sería convertirse en mano de obra barata para los empresarios.
En tales condiciones, la alianza que insistentemente ha propuesto el Presidente
Santos, entre los empresarios y los campesinos es algo así como un acuerdo
entre los tiburones y las sardinas.
Ø Otro obstáculo
de considerables dimensiones lo constituyen los tratados de libre comercio que
han puesto a competir a nuestros desamparados campesinos con los poderosos
productores de países desarrollados que reciben altos subsidios y otras ayudas
del Estado, con el resultado de que cultivos como el de la cebada y el trigo,
prácticamente han desaparecido, y otros están en vías de extinción, al tiempo
que los lecheros y otros sectores afrontan situaciones similares.
• A
quienes, contra toda evidencia, insisten en negar los desastrosos efectos de
los TLC en el campo, les citamos, a manera de ejemplo, un fragmento del
artículo publicado por la columnista de El Tiempo Natalia Springer el pasado 9
de septiembre: “Sucedió en el Huila en el marco del paro agrario. Las imágenes
muestran cómo las autoridades destruyen 70 toneladas de arroz de alta calidad
argumentando la violación de normas de producción, uso y comercialización de
semillas, como lo establece la Resolución 970. Los campesinos se levantaron.
Les prohíben usar las semillas nativas, las de toda la vida, las que producen
ellos mismo, y los obligan a adquirir las “certificadas”. ¿“Certificadas” por quién?
Por multinacionales, las mismas que han construido los estándares de
certificación que ahora el ICA defiende por encima del interés campesino, que
es el interés nacional”.
• Por lo
demás, hay que tener en cuenta que los TLC apenas están comenzando a aplicarse,
de manera que cuando estén en plena vigencia sus efectos con el sector
agropecuario serán desoladores. Todo para que un reducido grupo de grandes
exportadores obtenga jugosas ganancias.
v Ante la realidad
que se desprende de los dos temas citados anteriormente, cabe plantear algunos
interrogantes.
Ø Están dispuestos
el gobierno y los grandes empresarios a comprometerse en cambios a fondo en la
política agropecuaria para que los beneficiados no sean sólo los potentados, se
elimine el latifundio y se realice una reforma agraria que, además de
entregarles tierras a los campesinos, les dé asistencia técnica, créditos
subsidiados, insumos baratos, sistemas de comercialización rentables, vías de
comunicación y obras de infraestructura, salud, educación, vivienda y, en
general, la ayuda que necesitan para ser productivos, competitivos y llevar una
vida digna?
· Los
investigadores Héctor Mondragón y Paula Álvarez afirman que “la contribución
del campesinado es decisiva en la alimentación de los colombianos. En el 2002,
mantenía el 67.3% del área sembrada del país en cultivos legales y el 62.9% del
valor de la producción agrícola. Entre el 2004 y el 2007 la agricultura
familiar respondía por el 62.1% del área sembrada y el 60.4% del valor de la
producción agrícola, excluidos café y flores. El 78% del área en café es
campesina y el 74% de la producción de maíz”.
Estos datos demuestran que es la agricultura campesina la
que produce la mayoría de los alimentos y no los grandes empresarios. En un
país en donde, según la FAO, hay 5 millones de personas que padecen
desnutrición crónica, resulta inadmisible que teniendo tantas potencialidades
para producir alimentos, hoy se importen cerca de 10 millones de toneladas,
mientras nuestros campesinos naufragan en la pobreza, la miseria y el abandono.
Ø Otra pregunta
clave que debe responderse para ver las posibilidades de un pacto es si el
gobierno tiene la voluntad de comprometerse en la revisión y aún en la renuncia
a los tratados de libre comercio que, tal como están concebidos, conducirán
irremediablemente a la ruina del campo colombiano y de otros sectores de la
economía.
Ø Hay muchos otros
temas que también requerirán cambios a fondo para viabilizar un pacto, como
adoptar medidas para ponerle término a la creciente extranjerización de las
tierras, especialmente en la altillanura y las concesiones mineras en zonas de
páramos, que ponen en grave riesgo las fuentes de agua para millones de
colombianos, el cese de las fumigaciones y la adopción de programas de
sustitución de cultivos ilícitos, poner fin a la destrucción de los bosques por
parte de las compañías madereras, el reconocimiento de las zonas de reserva
campesina, la abolición de los planes militares de consolidación integral que
en varias regiones expulsan de sus tierras a los campesinos, los indígenas y
los afrodescendientes, para despejarle el campo a los megaproyectos
agroindustriales y minero-energéticos, etc.
Ø Como puede
verse, no son pocos ni pequeños los problemas que hay que resolver para que
nuestros campesinos puedan vivir y trabajar en paz y con dignidad.
El paro del último mes ha tenido la virtud de poner al
desnudo esos problemas y de llamar la atención del país sobre la urgencia de
abordarlos con seriedad y en profundidad. Los paños de agua tibia, en el mejor
de los casos, apenas lograrían algún alivio pasajero y más adelante estallarían
de nuevo los conflictos con renovada intensidad.
v La situación del
campesinado colombiano es dramática. Un informe publicado en el diario El
Tiempo el pasado 8 de septiembre contiene abundantes datos. De ellos y de otras
fuentes, extractamos los siguientes:
Ø Según cifras del
DANE, a 2012, la pobreza en el sector rural era del 46.8 por ciento, frente al
28.4 por ciento del área urbana. La pobreza extrema en el campo es del 22.8,
frente al 6.6. por ciento de las áreas urbanas y al 10.4 por ciento de promedio
nacional.
Ø El ingreso
mensual de las familias urbanas es en promedio de $709.155, que es una cifra
aterradora pero en el campo la situación es aún más grave, pues el ingreso
promedio es apenas de $207.235.
Ø El 84.9 por
ciento de la población campesina registraba bajo logro educativo; el analfabetismo
era del 26.3 por ciento y el 93 por ciento no tenía empleo formal.
Ø “De los 2.4
millones de propietarios privados que hay en el campo colombiano, apenas 91.200
(el 3.8 por ciento) tienen más de 200 hectáreas”, y el 70% de los poseedores no
tiene título de propiedad,
Ø “El Producto
Interno Bruto Agropecuario ha crecido en promedio 1.9 por ciento anual en la
última década, mientras que la economía en general muestra un desempeño del 4.7
por ciento en el mismo período”
Ø Agreguemos a
estas cifras que en el país hay más de 5 millones de desplazados a los que les
fueron arrebatadas entre 7 y 10 millones de hectáreas y que según la Comisión
de Seguimiento a este problema, el 60% de las familias desplazadas proviene de
las áreas rurales, el 24% de centros poblados y el 15% de cabeceras
municipales.
Ø Con semejante
situación, lo que menos puede extrañar es que haya habido protestas y lo que se
impone con urgencia es comenzar en serio a darles soluciones de fondo a los problemas.
v La credibilidad
de un eventual Pacto Nacional Agropecuario está condicionada objetivamente al
lleno de algunos requisitos, entre los cuales destacamos:
1. El pleno
respaldo a los acuerdos firmados con distintos sectores del campesinado, el
desarrollo satisfactorio de las negociaciones que están pendientes y el
cumplimiento estricto de lo acordado, para que no se repitan experiencias
negativas como la dilación indefinida o la burla a la búsqueda de acuerdos y el
incumplimiento de los compromisos. Más allá de las palabras, serán estos hechos
los que demostrarán qué tan real es la voluntad del gobierno de comenzar una
nueva etapa en el proceso de transformaciones democráticas que requiere el
campo colombiano.
2. Resolver la
situación de las personas detenidas y judicializadas, garantizar el libre
ejercicio del derecho a la movilización y la protesta y ponerle fin a las
descalificaciones y estigmatizaciones de la lucha social y rodear de la debida
protección a quienes pueden ser potenciales víctimas de hechos criminales.
3. Ponerle fin a
la práctica inveterada de que las reformas al campo colombiano sólo se hacen en
interés de los grandes empresarios y terratenientes, ignorando a los
campesinos, que son la inmensa mayoría, e iniciar un proceso de construcción
democrática de los proyectos con la participación de las organizaciones y
comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y de desplazados. La
democracia y no las imposiciones debe ser la norma de conducta a seguir.
4. Aunque no
conocemos el contenido de los acuerdos logrados en la Mesa de Conversaciones de
La Habana en materia de Desarrollo Agrario Integral, tenemos claro que un
eventual Pacto Agropecuario en ningún sentido debe contrariar dichos acuerdos,
y en ello la responsabilidad le corresponde particularmente al gobierno.
5. Tenemos la
disposición de contribuir a la concreción de un acuerdo y nos comprometemos a
hacerle los mejores aportes de que seamos capaces, pero no somos neutrales.
Estamos del lado de los campesinos y apoyamos firmemente sus luchas y sus
justas demandas.
Así mismo, tenemos claro que con pacto o sin pacto, el
campo colombiano necesita con urgencia que después de décadas de abandono,
olvido y violencia, se haga justicia con sus habitantes.
La inmensa solidaridad que recibieron nuestros campesinos
en las recientes jornadas de lucha demuestra que el pueblo colombiano los
respalda ampliamente, y lo menos que pueden hacer, si hay coherencia entre las
palabras y los hechos, es atender con prontitud y eficacia el clamor nacional.
Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2013
